Reflexionar sobre qué significa ser docente hoy no es solo una cuestión de técnicas, métodos o planificaciones: es preguntarse por el lugar que ocupamos en una trama social, política y cultural donde la escuela se juega todos los días el derecho a aprender, a pensar y a construir ciudadanía.
Ser docente implica definir nuestra relación con el conocimiento (tanto en su producción como en su transposición), pero también implica comprender que las prácticas áulicas no son neutrales: están atravesadas por condiciones estructurales de inequidad, por políticas públicas que a veces abandonan a estudiantes y/o por lógicas sociales que configuran las subjetividades de quienes enseñamos y de quienes aprenden.
Desde la didáctica general sabemos que hay estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Pero no hay pedagogía fuera de la política: las decisiones que tomamos sobre qué y cómo enseñar, qué evaluar, qué priorizar, siempre configuran sujetos, porque no solo transmiten contenidos, sino también valores, expectativas y modos de situarse en el mundo.
Por eso, no alcanza con dominar técnicas. Para ser docentes responsables en contextos complejos se necesita:
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justicia y equidad en el trato con las y los estudiantes;
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dominio de las disciplinas que enseñamos;
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intencionalidad pedagógica y ética que reconozca las condiciones de vida de cada persona;
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capacidad de corregir, sostener y acompañar en contextos donde la desigualdad social todavía marca fuertemente las trayectorias educativas.
Lo que hacemos en el aula no es un mero traslado de contenidos, sino la construcción de condiciones para la emancipación: enseñar a observar, analizar, formular hipótesis, encontrar soluciones, discutir y apropiarse del propio saber. Esto no ocurre fuera de las tensiones sociales: las escuelas están insertas en realidades donde las políticas públicas de educación, salud, cultura y protección social influyen —y muchas veces determinan— las posibilidades reales de aprender y de enseñar.
Ser consciente de esas implicancias sociopolíticas no es optar por una postura ideológica abstracta: es comprender que nuestras prácticas pueden reproducir o transformar las condiciones que enfrentan las infancias y juventudes. Por eso, hoy más que nunca, la labor docente es una tarea política —en el mejor sentido de la palabra— porque implica afirmar la escuela pública como **espacio de derechos, de igualdad y de sentido común emancipado—no de conformismo— en un mundo que reclama atención, justicia y cuidado para todas y todos.
En este marco, la implementación del nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria expresa una definición clara de política educativa: no resignar el derecho a aprender, aun cuando las trayectorias estén atravesadas por interrupciones, desigualdades o condiciones adversas. El Régimen no propone bajar expectativas ni diluir la enseñanza, sino reorganizar el tiempo, las prácticas y las responsabilidades institucionales para que la escuela pueda responder de manera más justa y efectiva a la diversidad de situaciones reales que transitan las y los estudiantes.
El período de intensificación de la enseñanza, en particular, no debe ser leído como un “parche” ni como un espacio residual destinado a quienes “no pudieron” aprender, sino como una instancia pedagógica con sentido propio, que exige planificación, acuerdos colectivos y un posicionamiento docente activo. Intensificar es volver a enseñar, de otro modo y con otras estrategias; es asumir que el aprendizaje no ocurre siempre en los mismos tiempos ni bajo las mismas condiciones, y que garantizar el derecho a la educación implica multiplicar las oportunidades de aprender, no clausurarlas mediante lógicas selectivas o expulsivas.
Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela
