Reflexión sobre cómo la desprotección social y el abandono de políticas educativas y de acompañamiento ponen en riesgo a niños, adolescentes y jóvenes, y por qué la educación obligatoria es una garantía de derechos.
Les pibes no son peligrosos; están en riesgo. No es una frase retórica: es una constatación que emerge de la experiencia concreta de escuelas, barrios y territorios donde la ausencia del Estado —educativo, social, cultural y sanitario— se traduce en marginación, vulneración de derechos y, en muchos casos, en violencia estructural.
Cuando un Estado se desentiende de políticas públicas integrales que garanticen educación, cuidado, espacios de socialización y acompañamiento, los efectos son previsibles: las infancias y juventudes quedan expuestas a desigualdades profundas, a circuitos de precariedad y a lógicas que no son propias de los jóvenes sino impuestas por la falta de oportunidades.
La escuela, en este contexto, no es un “lugar de encierro” ni un dispositivo coercitivo. Es un derecho colectivo y una trama de sostén: posibilita redes de afecto, acceso al conocimiento, tiempo estructurado de aprendizaje y convivencia, acompañamiento profesional y, sobre todo, un horizonte de expectativas que no se reduce a la mera supervivencia.
Quitar el carácter obligatorio de la educación —o promover reformas que la transformen en algo optativo o flexible en su núcleo esencial— es abandonar políticamente a les pibes y pibas. No solo se pone en riesgo la escolarización formal: se debilita toda la trama de cuidado social que la escuela sostiene en comunidades donde otros dispositivos del Estado ya son insuficientes o inexistentes.
La obligatoriedad de la educación secundaria no es un capricho de normativa: es una garantía de derechos. Instituirla es decir que toda persona joven tiene el derecho a aprender, a desarrollar capacidades, a construir ciudadanía y a proyectar su vida más allá de la injusticia estructural.
Negar esa obligatoriedad o relativizarla bajo supuestas recetas de “flexibilización” termina siendo una política de abandono, que profundiza la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no las tienen. Y quienes hoy están en esa brecha —niños, niñas y adolescentes de sectores populares— no son “peligrosos”. Son sujetos de derecho que reclaman políticas públicas que no los dejen solos.
Alguno de nosotros no sólo somos educadores en estos Barrios o villas, también somos militantes de un modo de abordar la relación con ellos, ofrecemos una convivencia en alguna etapa de nuestra vida en villas, como en Villa Itatí de Quilmes y Villa Matadero en Bernal y puedo atestiguar que en esos pasillos he visto y experimentado solidaridades como no se dan en otros lugares.Mamás que salen al encuentro de los hijos de otras madres y los sientan en sus mesas para alimentarlos, mujeres que se organizan para defender a sus vecinas de casos de violencia, madres y jóvenes que se exponen ante la violencia de unos pocos (que han sido violentados con anterioridad) para rescatar algún pibe de la esquina, amigos y amigas que aconsejan, abrazan, besan y dan calor a otres que necesitan.
Los pasillos no son peligrosos, los pasillos son el clamor de una justicia social oculta por la cual los militantes educadores estamos dispuestos a compartir nuestras vidas.
Los pibes no son peligrosos. Ellos están en peligro por un sistema de exclusión económico y financiera que gobiernos como el de Milei llevan adelante sin ningún escrúpulo.
En cada pibe/ba encontramos la esperanza de un proyecto de vida y de felicidad, por el que seguiremos con una propuesta educativa seria y responsable generar vínculos necesarios para la construcción de una Justicia Social y Justicia Educativa que van de la mano.
Ernesto Gabriel Cela
En Instagram y X: @ernestocela






