La pedagogía del encuentro: interrumpir la lógica de la violencia

Qué difícil resulta para los adolescentes que viven cotidianamente distintas formas de violencia salir de esa lógica al momento de resolver las diferencias con sus pares. Más aún cuando en la escuela todavía no se han construido espacios de confianza con los educadores.

Los adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad necesitan una pedagogía del encuentro. Esta práctica les ofrece la posibilidad de recuperar la confianza en los otros, reconocerse como personas valiosas y descubrir lo que ellos mismos pueden aportar a la comunidad.

Esto solo es posible cuando la propuesta es colectiva, cuando existe un proyecto institucional compartido y practicado diariamente. En ese marco pueden construirse límites aceptados porque se debaten, se explican y se fundamentan desde la lógica del encuentro. No se trata de imponer normas externas, sino de generar condiciones para que los adolescentes participen en la construcción de los acuerdos que regulan la vida común y comprendan el sentido del cuidado propio y de los demás.

Esta perspectiva se sostiene en una determinada concepción antropológica: el sujeto no se construye de manera aislada ni puede comprenderse al margen de su historia. Está profundamente influido por el contexto en el que vive y por las relaciones que establece con otras personas. Por eso, la escuela no solo establece normas o transmite conocimientos; también puede ofrecer experiencias vinculares capaces de interrumpir las lógicas de violencia y abrir otras formas de reconocerse, convivir y participar en la comunidad.

La Comunicación Conjunta N.º 1/23 sostiene que las situaciones de violencia no deben abordarse únicamente como conductas individuales. Requieren una intervención institucional que permita revisar los modos de vinculación, fortalecer las grupalidades, promover relaciones respetuosas y construir condiciones de cuidado. Desde esta perspectiva, el conflicto no se niega ni se busca suprimirlo: se lo reconoce como parte de la vida común y se enseña a tramitarlo sin recurrir a la violencia como forma de resolver las diferencias.

Esta orientación también se encuentra en el Reglamento General de las Instituciones Educativas, aprobado por el Decreto N.º 2299/11. Sus artículos 93, 94 y 95 conciben el Proyecto Institucional como el resultado de un acuerdo de la comunidad educativa, construido mediante el trabajo colectivo y destinado a identificar las problemáticas institucionales y elaborar estrategias contextualizadas para abordarlas.

Asimismo, los artículos 105 a 109 establecen que los Acuerdos Institucionales de Convivencia deben construirse con la participación activa de la comunidad educativa. Su finalidad no es meramente disciplinaria: deben regular las relaciones vinculares, garantizar el ejercicio de los derechos de enseñar y aprender y asegurar el cuidado integral de todos los sujetos. Incluso las sanciones deben subordinarse a la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y conservar una finalidad pedagógica.

La pedagogía del encuentro adquiere así una dimensión institucional y política. No depende solamente de la buena disposición de un docente ni consiste en una actitud cordial frente a los estudiantes. Requiere tiempos, espacios, acuerdos y prácticas colectivas que hagan posible la escucha, la participación y el reconocimiento. La escuela puede entonces constituirse en un lugar donde los adolescentes no estén condenados a reproducir las violencias que atraviesan sus vidas, sino que encuentren la oportunidad de aprender otras formas de estar con los demás y de construir comunidad.

Desafíos de la Escuela Secundaria Argentina

Desde la sanción de la Ley Nacional de Educación, la Argentina asumió —al menos en el plano normativo— una definición central: la educación es un derecho social y el Estado es su garante indelegable.

Esta definición no es menor ni neutral. Supone pensar la escuela, y en particular la Escuela Secundaria, como parte de un proyecto de país que se propone incluir, cuidar y formar a todos y todas, sin excepciones.

 La creación y consolidación del Consejo Federal de Educación expresó ese intento de construir acuerdos duraderos entre la Nación y las provincias, capaces de trascender gobiernos y coyunturas.   Allí se establecieron lineamientos comunes que dieron marco a transformaciones necesarias, entre ellas la redefinición de la Escuela Secundaria, históricamente marcada por lógicas selectivas, expulsivas y profundamente desiguales. 

 En la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Educación Provincial (Ley 13.688) se inscribió en ese horizonte y propuso una secundaria obligatoria, inclusiva y con sentido pedagógico.   

No se trataba sólo de ampliar el acceso, sino de revisar el formato escolar, las prácticas de enseñanza y la mirada sobre los y las estudiantes. Sin embargo, los desafíos de la Escuela Secundaria no se resuelven únicamente con leyes. 

Persisten tensiones profundas entre una normativa que reconoce derechos y una cultura escolar —y social— que muchas veces sigue aferrada a modelos del pasado.    Aún hoy, no es raro escuchar discursos que idealizan una secundaria que “funcionaba” cuando, en realidad, dejaba afuera a muchos y muchas. 

 Pensar la Escuela Secundaria hoy exige asumir una posición clara: los y las estudiantes deben ser el centro del proyecto educativo. No como consigna vacía, sino como criterio organizador de las decisiones pedagógicas, institucionales y políticas. 

Esto implica reconocer trayectorias diversas, condiciones de vida desiguales y experiencias escolares atravesadas por múltiples tensiones. Una escuela que se piensa desde el derecho no puede desentenderse de estas realidades. Debe ser capaz de identificar necesidades, articular respuestas pedagógicas pertinentes y generar propuestas de enseñanza que reconozcan y potencien los saberes, intereses y capacidades de los y las estudiantes. 

La calidad educativa, en este marco, no se mide por la exclusión de quienes “no alcanzan”, sino por la capacidad de la escuela de enseñar mejor a todos y todas. Este desafío interpela directamente a las prácticas docentes y a la cultura institucional. No hay transformación posible sin una revisión reflexiva del modo en que enseñamos, evaluamos, acompañamos y construimos autoridad pedagógica. 

Estas definiciones no son abstractas ni declamativas. Se ponen a prueba todos los días en la vida concreta de las escuelas.

 Comparto una experiencia vivida en 2023, cuando me desempeñaba como Director de una Escuela Secundaria pública de la Provincia de Buenos Aires. 

 Primer año: 34 estudiantes, bastante apretados en un aula que “hacía el esfuerzo” por alojarlos pedagógicamente a todos y todas.    En el segundo mes de clases, una estudiante manifiesta a la preceptora una situación que le genera un profundo malestar: un compañero le había tomado una foto sin su consentimiento y, a partir de ella, elaboró un “sticker” que luego fue difundido en el grupo común del curso, exponiéndola ante sus pares.  

De manera inmediata, se habilitó —junto al Equipo de Orientación Escolar— un espacio de escucha para la estudiante. Al mismo tiempo, se convocó a Dirección al estudiante que, presuntamente, había elaborado y difundido el sticker. 

La situación generó un malestar que atravesó a todo el grupo, por lo que se decidió abordarla institucionalmente. Desde el Proyecto Institucional y los Acuerdos Institucionales de Convivencia, se convocó a una reunión con las familias.

Asimismo, se solicitó al EOE la planificación de una intervención pedagógica en el curso, con actividades orientadas a reflexionar sobre el respeto a la imagen propia y ajena, la convivencia digital y el cuidado del otro. Esta intervención se pensó con modalidad de taller, no sólo como acción reparadora sino también preventiva, y se extendió a todo el Ciclo Básico. 

En paralelo, en la reunión con las familias se explicitó que las situaciones conflictivas son abordadas institucionalmente como oportunidades pedagógicas: no desde la sanción aislada, sino desde una construcción colectiva que involucra al Equipo de Conducción, al EOE, a los preceptores y a los docentes. 

 Se propuso, además, que estos debates fueran retomados en el marco de los contenidos curriculares de áreas afines —como Construcción de Ciudadanía y Ciencias Sociales— fortaleciendo una mirada integral y formativa. 

 Pero esta revisión no puede recaer en esfuerzos individuales ni en voluntarismos.   Requiere tiempos, espacios y condiciones institucionales reales para el trabajo colectivo. 

 Por eso, hablar de Escuela Secundaria es hablar también de políticas públicas sostenidas: inversión en infraestructura, en formación docente, en equipos de trabajo, en horas institucionales que habiliten el encuentro, la reflexión y la construcción compartida. 

Sin estas condiciones, el discurso del cambio se vacía y la desigualdad se profundiza.   La Escuela Secundaria argentina no necesita recetas rápidas ni regresos idealizados.   Necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el derecho proclamado y las condiciones reales para hacerlo efectivo. 

Necesita adultos que asuman su responsabilidad política y pedagógica, y un Estado que no abdique de su rol.    Los desafíos siguen siendo los mismos porque las preguntas de fondo siguen abiertas. La diferencia está en si estamos dispuestos, o no, a asumirlas con honestidad, compromiso y sentido colectivo.
 
Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela