Terrorismo de Estado y genocidio en Argentina: memoria, verdad y justicia.

Reflexión crítica sobre el terrorismo de Estado y el genocidio cometidos en Argentina durante la dictadura cívico-militar, y la importancia de la memoria, verdad y justicia en la vida democrática actual.

A 50 años del inicio de la última Dictadura En Argentina es necesario declarar que hubo terrorismo de Estado y genocidio.

No es una interpretación subjetiva ni una opinión aislada: el terrorismo de Estado en nuestro país se configuró como una práctica sistemática de represión, detenciones, desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por el aparato estatal durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.    

Las organizaciones de derechos humanos, numerosos historiadores y fallos judiciales han sostenido que estas acciones constituyeron un plan sistemático de exterminio de sectores sociales y políticos que cuestionaban al poder, en lo que muchos califican como genocidio político o político-social.

Negar estos hechos, relativizarlos o reivindicarlos no es un ejercicio académico: es un acto de negacionismo que hiere la memoria de quienes fueron víctimas y sus familias, y que contradice el conjunto de juicios de lesa humanidad, las políticas públicas de memoria y el consenso de amplios sectores de la sociedad sobre la importancia de recordar “nunca más”.

El terrorismo de Estado no fue un conjunto de “excesos” o “errores”, ni un enfrentamiento equitativo entre dos bandos armados. Fue una política de Estado que utilizó los recursos del aparato estatal para suprimir a quienes consideraba enemigos, con métodos clandestinos, violencia sistemática y violación sostenida de derechos humanos fundamentales.

La memoria de esos hechos —representada hoy en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo y cuyo aniversario este año 2026 son los 50 años — no es una evocación abstracta: es una condición para la democracia, una respuesta a quienes pretenden relativizar o justificar violencias estatales y una demanda por verdad y justicia para las víctimas y sus descendientes.

Sostener que hubo terrorismo de Estado y genocidio no es repetir un lema; es reconocer un hecho histórico complejo, construido sobre miles de testimonios, investigaciones y decisiones judiciales que buscan reparar, en lo posible, las consecuencias de un proyecto político que destruyó vidas, familias y tejido social.     Los militares que perpetraron ese golpe de Estado planificaron, ejecutaron y sostuvieron un plan sistemático de exterminio sobre la población.    También planificaron y de manera sistemática el robo de bebés como si fueran "trofeos de guerra".

El objetivo principal de la Dictadura, y también del genocidio, fue llevar adelante políticas económicas liberales que destruyeran el aparato productivo industrial, deteniendo el desarrollo tecnológico y soberano de la Argentina. 

José Martínez de Hoz realizó una apertura indiscriminada de importanciones, llevó al pais a ser sólo un país agroexportador y de materias primas, sometido a la política de EEUU, país que sostuvo y financió los Golpes Militares en toda latinoamérica.

Estas políticas económicas profundizaron la injusticia social, aceleraron la migración del campo a las ciudades generando bolsones de pobreza y villas miserias.

Son las mismas políticas económicas que desde la Libertad Avanza proponen como novedosas pero que son el fundamento último del endeudamiento nacional que nos esclaviza y no permite el desarrollo genuino y con Justicia Social que anhelamos.    Por este camino entregamos nuestra soberanía, nuestros recursos y la posibilidad de un desarrollo que incluya a todos y todas.

Por la Memoria y por respeto a los 30000 compañeres desaparecides.

MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA - NUNCA MÁS el TERRORISMO DE ESTADO.   A 50 años de aquella fatídica fecha del inicio de la Dictadura Militar, Civil y Eclesiástica - 24 de Marzo de 1976

Lic. Ernesto Gabriel Cela.

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Justicia curricular y participación estudiantil: horizontes de la secundaria actual

Pensar la escuela secundaria hoy implica reconocer que las transformaciones culturales, sociales y normativas de los últimos años interpelan profundamente a las instituciones educativas. En este contexto, el desafío no es solo garantizar la inclusión de las y los estudiantes, sino también asegurar condiciones pedagógicas que permitan aprendizajes significativos, participación democrática y construcción de proyectos de futuro.

Las condiciones de época que atravesamos exigen que la escuela secundaria ofrezca una propuesta formativa que, tanto en sus condiciones materiales como en sus definiciones pedagógicas, reconozca la condición juvenil y fortalezca la construcción de un proyecto de futuro para las y los estudiantes.

En este sentido, las transformaciones culturales y normativas de los últimos años interpelan a la institución escolar y le demandan revisar sus modos de organización, sus prácticas institucionales y las formas de construir la convivencia, reafirmando a las y los estudiantes como sujetos de derecho. 

Al mismo tiempo, este escenario plantea a la escuela el desafío de mejorar los resultados académicos, no como una mera exigencia cuantitativa, sino como el fruto de procesos de enseñanza que promuevan aprendizajes profundos, significativos y sostenidos en el tiempo. 

En este marco, la memoria, el pensamiento crítico y la comprensión conceptual no se oponen a la innovación educativa; por el contrario, constituyen dimensiones complementarias que deben integrarse en las propuestas pedagógicas para fortalecer el desarrollo intelectual de las y los estudiantes. 

 Pensar la enseñanza desde esta perspectiva supone generar condiciones pedagógicas que articulen tradición e innovación, promoviendo prácticas que recuperen el valor del conocimiento, habiliten la reflexión crítica y permitan a las y los jóvenes comprender la complejidad del mundo contemporáneo, construyendo herramientas para proyectar su futuro personal, social y ciudadano. 

 En consonancia con este enfoque, el nuevo Régimen Académico de la educación secundaria en la Provincia de Buenos Aires establece una serie de principios orientadores que buscan reorganizar la vida institucional y pedagógica de las escuelas. 

Entre ellos resulta relevante destacar, en primer lugar, el principio de inclusión con más aprendizajes, que establece como prioridad garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todas y todos los estudiantes con aprendizajes significativos.   La inclusión, en este sentido, no se limita a asegurar la presencia en la escuela, sino que compromete a las instituciones a generar propuestas de enseñanza que posibiliten una apropiación real de los saberes. 

 En segundo lugar, el principio de justicia curricular reconoce la necesidad de desarrollar propuestas de enseñanza que contemplen las diferencias y que, en la búsqueda de la igualdad, promuevan una formación que habilite a las y los jóvenes a participar como ciudadanas y ciudadanos activos, críticos, informados y reflexivos en las sociedades de las que forman parte. 

 A su vez, el Régimen Académico enfatiza la democratización de las instituciones y la participación estudiantil, entendiendo que la profundización de la vida democrática requiere de prácticas institucionales y pedagógicas que promuevan la cooperación, el diálogo y la construcción colectiva de acuerdos en la vida escolar. 

 Finalmente, se reafirma la transversalidad de la Educación Sexual Integral, entendida como una perspectiva que atraviesa el conjunto de las prácticas educativas y que contribuye a la construcción de vínculos respetuosos, al reconocimiento de la diversidad y al ejercicio pleno de derechos. 

 De este modo, los principios que orientan el Régimen Académico se articulan con la necesidad de fortalecer propuestas institucionales y pedagógicas que integren inclusión, aprendizaje significativo, participación democrática y formación integral de las y los estudiantes, consolidando a la escuela secundaria como un espacio de transmisión cultural, construcción de ciudadanía y proyección de futuro.

Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela - Instagram y X: @ernestocela

La tarea docente hoy: prácticas conscientes, política y derechos.

Reflexión crítica sobre el rol docente, las implicancias sociopolíticas de las prácticas en el aula y la responsabilidad ética y educativa en contextos de vulneración de derechos.

Reflexionar sobre qué significa ser docente hoy no es solo una cuestión de técnicas, métodos o planificaciones: es preguntarse por el lugar que ocupamos en una trama social, política y cultural donde la escuela se juega todos los días el derecho a aprender, a pensar y a construir ciudadanía.

Ser docente implica definir nuestra relación con el conocimiento (tanto en su producción como en su transposición), pero también implica comprender que las prácticas áulicas no son neutrales: están atravesadas por condiciones estructurales de inequidad, por políticas públicas que a veces abandonan a estudiantes y/o por lógicas sociales que configuran las subjetividades de quienes enseñamos y de quienes aprenden.

Desde la didáctica general sabemos que hay estrategias de enseñanza y de aprendizaje.   Pero no hay pedagogía fuera de la política: las decisiones que tomamos sobre qué y cómo enseñar, qué evaluar, qué priorizar, siempre configuran sujetos, porque no solo transmiten contenidos, sino también valores, expectativas y modos de situarse en el mundo.

Por eso, no alcanza con dominar técnicas. Para ser docentes responsables en contextos complejos se necesita:

• justicia y equidad en el trato con las y los estudiantes;

• dominio de las disciplinas que enseñamos;

• intencionalidad pedagógica y ética que reconozca las condiciones de vida de cada persona;

• capacidad de corregir, sostener y acompañar en contextos donde la desigualdad social todavía marca fuertemente las trayectorias educativas.

Lo que hacemos en el aula no es un mero traslado de contenidos, sino la construcción de condiciones para la emancipación: enseñar a observar, analizar, formular hipótesis, encontrar soluciones, discutir y apropiarse del propio saber. Esto no ocurre fuera de las tensiones sociales: las escuelas están insertas en realidades donde las políticas públicas de educación, salud, cultura y protección social influyen —y muchas veces determinan— las posibilidades reales de aprender y de enseñar.

Ser consciente de esas implicancias sociopolíticas no es optar por una postura ideológica abstracta: es comprender que nuestras prácticas pueden reproducir o transformar las condiciones que enfrentan las infancias y juventudes. Por eso, hoy más que nunca, la labor docente es una tarea política —en el mejor sentido de la palabra— porque implica afirmar la escuela pública como **espacio de derechos, de igualdad y de sentido común emancipado—no de conformismo— en un mundo que reclama atención, justicia y cuidado para todas y todos.

En este marco, la implementación del nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria expresa una definición clara de política educativa: no resignar el derecho a aprender, aun cuando las trayectorias estén atravesadas por interrupciones, desigualdades o condiciones adversas.   El Régimen no propone bajar expectativas ni diluir la enseñanza, sino reorganizar el tiempo, las prácticas y las responsabilidades institucionales para que la escuela pueda responder de manera más justa y efectiva a la diversidad de situaciones reales que transitan las y los estudiantes.

El período de intensificación de la enseñanza, en particular, no debe ser leído como un “parche” ni como un espacio residual destinado a quienes “no pudieron” aprender, sino como una instancia pedagógica con sentido propio, que exige planificación, acuerdos colectivos y un posicionamiento docente activo.   Intensificar es volver a enseñar, de otro modo y con otras estrategias; es asumir que el aprendizaje no ocurre siempre en los mismos tiempos ni bajo las mismas condiciones, y que garantizar el derecho a la educación implica multiplicar las oportunidades de aprender, no clausurarlas mediante lógicas selectivas o expulsivas.

Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela 

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LES PIBES NO SON PELIGROSOS: educación obligatoria, derechos y dignidad.

Reflexión sobre cómo la desprotección social y el abandono de políticas educativas y de acompañamiento ponen en riesgo a niños, adolescentes y jóvenes, y por qué la educación obligatoria es una garantía de derechos.

Les pibes no son peligrosos; están en riesgo.   No es una frase retórica: es una constatación que emerge de la experiencia concreta de escuelas, barrios y territorios donde la ausencia del Estado —educativo, social, cultural y sanitario— se traduce en marginación, vulneración de derechos y, en muchos casos, en violencia estructural.

Cuando un Estado se desentiende de políticas públicas integrales que garanticen educación, cuidado, espacios de socialización y acompañamiento, los efectos son previsibles: las infancias y juventudes quedan expuestas a desigualdades profundas, a circuitos de precariedad y a lógicas que no son propias de los jóvenes sino impuestas por la falta de oportunidades.

La escuela, en este contexto, no es un “lugar de encierro” ni un dispositivo coercitivo. Es un derecho colectivo y una trama de sostén: posibilita redes de afecto, acceso al conocimiento, tiempo estructurado de aprendizaje y convivencia, acompañamiento profesional y, sobre todo, un horizonte de expectativas que no se reduce a la mera supervivencia.

Quitar el carácter obligatorio de la educación —o promover reformas que la transformen en algo optativo o flexible en su núcleo esencial— es abandonar políticamente a les pibes y pibas.   No solo se pone en riesgo la escolarización formal: se debilita toda la trama de cuidado social que la escuela sostiene en comunidades donde otros dispositivos del Estado ya son insuficientes o inexistentes.

La obligatoriedad de la educación secundaria no es un capricho de normativa: es una garantía de derechos.   Instituirla es decir que toda persona joven tiene el derecho a aprender, a desarrollar capacidades, a construir ciudadanía y a proyectar su vida más allá de la injusticia estructural.

Negar esa obligatoriedad o relativizarla bajo supuestas recetas de “flexibilización” termina siendo una política de abandono, que profundiza la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no las tienen. Y quienes hoy están en esa brecha —niños, niñas y adolescentes de sectores populares— no son “peligrosos”. Son sujetos de derecho que reclaman políticas públicas que no los dejen solos.

Alguno de nosotros no sólo somos educadores en estos Barrios o villas, también somos militantes de un modo de abordar la relación con ellos, ofrecemos una convivencia en alguna etapa de nuestra vida en villas, como en Villa Itatí de Quilmes y Villa Matadero en Bernal y puedo atestiguar que en esos pasillos he visto y experimentado solidaridades como no se dan en otros lugares.

Mamás que salen al encuentro de los hijos de otras madres y los sientan en sus mesas para alimentarlos, mujeres que se organizan para defender a sus vecinas de casos de violencia, madres y jóvenes que se exponen ante la violencia de unos pocos (que han sido violentados con anterioridad) para rescatar algún pibe de la esquina, amigos y amigas que aconsejan, abrazan, besan y dan calor a otres que necesitan.

Los pasillos no son peligrosos, los pasillos son el clamor de una justicia social oculta por la cual los militantes educadores estamos dispuestos a compartir nuestras vidas.

Los pibes no son peligrosos.  Ellos están en peligro por un sistema de exclusión económico y financiera  que gobiernos como el de Milei llevan adelante sin ningún escrúpulo.

En cada pibe/ba encontramos la esperanza de un proyecto de vida y de felicidad, por el que seguiremos con una propuesta educativa seria y responsable generar vínculos necesarios para la construcción de una Justicia Social y Justicia Educativa que van de la mano.

Ernesto Gabriel Cela

En Instagram y X: @ernestocela