Desde la sanción de la Ley Nacional de Educación, la Argentina asumió —al menos en el plano normativo— una definición central: la educación es un derecho social y el Estado es su garante indelegable.
Esta definición no es menor ni neutral. Supone pensar la escuela, y en particular la Escuela Secundaria, como parte de un proyecto de país que se propone incluir, cuidar y formar a todos y todas, sin excepciones. La creación y consolidación del Consejo Federal de Educación expresó ese intento de construir acuerdos duraderos entre la Nación y las provincias, capaces de trascender gobiernos y coyunturas. Allí se establecieron lineamientos comunes que dieron marco a transformaciones necesarias, entre ellas la redefinición de la Escuela Secundaria, históricamente marcada por lógicas selectivas, expulsivas y profundamente desiguales.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Educación Provincial (Ley 13.688) se inscribió en ese horizonte y propuso una secundaria obligatoria, inclusiva y con sentido pedagógico.
No se trataba sólo de ampliar el acceso, sino de revisar el formato escolar, las prácticas de enseñanza y la mirada sobre los y las estudiantes.
Sin embargo, los desafíos de la Escuela Secundaria no se resuelven únicamente con leyes.
Persisten tensiones profundas entre una normativa que reconoce derechos y una cultura escolar —y social— que muchas veces sigue aferrada a modelos del pasado. Aún hoy, no es raro escuchar discursos que idealizan una secundaria que “funcionaba” cuando, en realidad, dejaba afuera a muchos y muchas.
Pensar la Escuela Secundaria hoy exige asumir una posición clara: los y las estudiantes deben ser el centro del proyecto educativo. No como consigna vacía, sino como criterio organizador de las decisiones pedagógicas, institucionales y políticas.
Esto implica reconocer trayectorias diversas, condiciones de vida desiguales y experiencias escolares atravesadas por múltiples tensiones.
Una escuela que se piensa desde el derecho no puede desentenderse de estas realidades. Debe ser capaz de identificar necesidades, articular respuestas pedagógicas pertinentes y generar propuestas de enseñanza que reconozcan y potencien los saberes, intereses y capacidades de los y las estudiantes.
La calidad educativa, en este marco, no se mide por la exclusión de quienes “no alcanzan”, sino por la capacidad de la escuela de enseñar mejor a todos y todas.
Este desafío interpela directamente a las prácticas docentes y a la cultura institucional. No hay transformación posible sin una revisión reflexiva del modo en que enseñamos, evaluamos, acompañamos y construimos autoridad pedagógica.
Estas definiciones no son abstractas ni declamativas. Se ponen a prueba todos los días en la vida concreta de las escuelas.
Comparto una experiencia vivida en 2023, cuando me desempeñaba como Director de una Escuela Secundaria pública de la Provincia de Buenos Aires.
Primer año: 34 estudiantes, bastante apretados en un aula que “hacía el esfuerzo” por alojarlos pedagógicamente a todos y todas. En el segundo mes de clases, una estudiante manifiesta a la preceptora una situación que le genera un profundo malestar: un compañero le había tomado una foto sin su consentimiento y, a partir de ella, elaboró un “sticker” que luego fue difundido en el grupo común del curso, exponiéndola ante sus pares.
De manera inmediata, se habilitó —junto al Equipo de Orientación Escolar— un espacio de escucha para la estudiante. Al mismo tiempo, se convocó a Dirección al estudiante que, presuntamente, había elaborado y difundido el sticker.
La situación generó un malestar que atravesó a todo el grupo, por lo que se decidió abordarla institucionalmente. Desde el Proyecto Institucional y los Acuerdos Institucionales de Convivencia, se convocó a una reunión con las familias.
Asimismo, se solicitó al EOE la planificación de una intervención pedagógica en el curso, con actividades orientadas a reflexionar sobre el respeto a la imagen propia y ajena, la convivencia digital y el cuidado del otro.
Esta intervención se pensó con modalidad de taller, no sólo como acción reparadora sino también preventiva, y se extendió a todo el Ciclo Básico.
En paralelo, en la reunión con las familias se explicitó que las situaciones conflictivas son abordadas institucionalmente como oportunidades pedagógicas: no desde la sanción aislada, sino desde una construcción colectiva que involucra al Equipo de Conducción, al EOE, a los preceptores y a los docentes.
Se propuso, además, que estos debates fueran retomados en el marco de los contenidos curriculares de áreas afines —como Construcción de Ciudadanía y Ciencias Sociales— fortaleciendo una mirada integral y formativa.
Pero esta revisión no puede recaer en esfuerzos individuales ni en voluntarismos. Requiere tiempos, espacios y condiciones institucionales reales para el trabajo colectivo.
Por eso, hablar de Escuela Secundaria es hablar también de políticas públicas sostenidas: inversión en infraestructura, en formación docente, en equipos de trabajo, en horas institucionales que habiliten el encuentro, la reflexión y la construcción compartida.
Sin estas condiciones, el discurso del cambio se vacía y la desigualdad se profundiza. La Escuela Secundaria argentina no necesita recetas rápidas ni regresos idealizados. Necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el derecho proclamado y las condiciones reales para hacerlo efectivo.
Necesita adultos que asuman su responsabilidad política y pedagógica, y un Estado que no abdique de su rol. Los desafíos siguen siendo los mismos porque las preguntas de fondo siguen abiertas. La diferencia está en si estamos dispuestos, o no, a asumirlas con honestidad, compromiso y sentido colectivo.
Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela
Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela
