Esta tarde escuchaba, a mi compañero del SUTEBA de la Agrupación Granate Rubén Delgado; quien conduce y produce un programa, “El Largo Adiós” por Radio Wen FM 93.9 en Quilmes; hacer una breve reflexión sobre la violencia hacia quienes educan en tiempos de Democracia, lo cual inspira este artículo donde comparto información e invito a un análisis.
El hallazgo del cuerpo de Nanci Estela Godoy, docente rural de Corrientes, vuelve a colocar ante nosotros una realidad dolorosa: quienes sostienen cotidianamente el derecho a la educación también pueden quedar expuestos a situaciones extremas de violencia, desprotección y abuso de poder.
Nanci tenía 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.
Su desaparición y posterior muerte son investigadas por la Justicia bajo la hipótesis de un femicidio. Tres hombres han sido imputados por ese delito y una mujer por homicidio simple. También se investiga si existió violencia sexual y si el crimen guarda relación con denuncias que la docente había realizado sobre las condiciones de funcionamiento de su escuela.
Estas circunstancias todavía deben esclarecerse judicialmente.
Pero hay una pregunta que no puede esperar: ¿qué condiciones de protección ofrece el Estado a una docente que trabaja en un territorio aislado, denuncia irregularidades y debe enfrentar relaciones de poder que pueden poner en riesgo su integridad?
No podemos naturalizar que enseñar, reclamar condiciones dignas de trabajo o denunciar situaciones irregulares se conviertan en actividades peligrosas.
Tres acontecimientos que interpelan a nuestra democracia como dice Rubén Delgado, desde la recuperación democrática de 1983, algunos acontecimientos particularmente graves han dejado marcas profundas en la historia de la educación argentina.
El 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba, docente neuquino, fue asesinado durante la represión policial de una protesta docente. El autor material, el policía Darío Poblete, fue condenado a prisión perpetua. Posteriormente, otros integrantes del operativo recibieron condenas por abuso de autoridad. Pero nunca se avanzó sobre las responsabilidades políticas.
Fuentealba reclamaba junto con sus compañeros mejores condiciones laborales. La respuesta estatal incluyó una violencia represiva que terminó con su vida.
El 2 de agosto de 2018, en la Escuela Primaria N.º 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, murieron Sandra Calamano, vicedirectora, y Rubén Rodríguez, auxiliar docente, como consecuencia de una explosión provocada por una pérdida de gas.
Las deficiencias edilicias habían sido advertidas. En 2023, la Justicia condenó a responsables de la intervención y la infraestructura escolar por incumplimiento de sus deberes, y al gasista interviniente por homicidio culposo agravado y defraudación.
Aquellas muertes ocurrieron durante la gobernación de María Eugenia Vidal, en un contexto de fuertes cuestionamientos de las comunidades educativas a la inversión y al mantenimiento de la infraestructura escolar. Pero tampoco se avanzó sobre estas responsabilidades políticas y estructurales. No se trató de una fatalidad inevitable. Existían responsabilidades concretas de garantizar condiciones seguras para enseñar y aprender.
Hoy, en octubre de 2026, la muerte de Nanci Godoy nos enfrenta a otra expresión de violencia, con una dimensión de género que la investigación judicial debe terminar de esclarecer.
No son tres acontecimientos idénticos. En uno intervino la represión policial; en otro, el incumplimiento de obligaciones de seguridad e infraestructura; y en el tercero se investiga un crimen contra una mujer docente, posiblemente relacionado con violencia sexual y conflictos de poder.
Sin embargo, los tres nos obligan a formular una misma exigencia democrática: el Estado debe garantizar la vida, la integridad y las condiciones dignas de trabajo de quienes hacen posible el derecho social a la educación.
La violencia de género no comienza con una agresión física. Se construye y puede naturalizarse en relaciones sociales atravesadas por desigualdades, estereotipos y mandatos culturales. El concepto de masculinidad hegemónica permite comprender cómo determinados modelos de ser varón se asocian con el dominio, la imposición de autoridad, la competencia, el control y la subordinación de otras personas.
Estos mandatos no son naturales. Son construcciones históricas y culturales que pueden ser cuestionadas y transformadas. Cuando una mujer denuncia, reclama, contradice una autoridad o se niega a aceptar determinadas imposiciones, puede encontrarse frente a estructuras de poder que pretenden disciplinarla o silenciarla. Por eso resulta indispensable investigar si las denuncias realizadas por Nanci Godoy tuvieron relación con su asesinato. No podemos afirmar todavía que esa haya sido la motivación del crimen, pero tampoco podemos desentendernos de la posibilidad de que una mujer haya sido atacada en un contexto de disputas de poder y denuncias institucionales.
La presencia de una mujer entre las personas imputadas también invita a una reflexión: el patriarcado no se sostiene exclusivamente por las acciones de los varones. Sus mandatos pueden ser reproducidos por personas de cualquier género cuando se naturalizan la subordinación, el silencio, la complicidad o el ejercicio arbitrario del poder. Esto no anticipa la responsabilidad penal de ninguna persona concreta.
El desafío educativo consiste precisamente en romper con esas formas de vinculación.
Financiar la educación también es cuidar la vida
No podemos hablar seriamente del derecho a la educación sin discutir el financiamiento educativo.
La inversión pública no es solamente una cuestión presupuestaria. Se expresa en edificios seguros, escuelas rurales accesibles, comunicaciones adecuadas, transporte, equipos de orientación, formación docente, condiciones laborales dignas y presencia efectiva del Estado.
La muerte de Sandra y Rubén nos recuerda las consecuencias irreparables que pueden producir las fallas de infraestructura y la desatención de los reclamos escolares.
El caso de Nanci Godoy nos obliga a preguntarnos por las condiciones de trabajo de las y los docentes rurales, especialmente en territorios donde el aislamiento geográfico y las relaciones de poder locales pueden incrementar su vulnerabilidad.
Es necesario garantizar canales de denuncia seguros, protección efectiva para quienes informan irregularidades, respuestas administrativas oportunas y mecanismos de control que no dependan de las mismas autoridades cuestionadas.
El financiamiento educativo debe ser suficiente, sostenido, transparente y acompañado de participación democrática de las comunidades.
Cuidar la escuela pública también significa cuidar a quienes la sostienen.
Que la memoria se convierta en compromiso
Recordar a Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, y reclamar justicia por Nanci Godoy, no puede reducirse a un homenaje.
Sus historias nos exigen compromisos concretos.
Necesitamos un Estado que garantice financiamiento educativo, infraestructura segura, protección de las y los trabajadores y respuestas efectivas frente a las denuncias.
Necesitamos una gestión educativa que no reproduzca relaciones autoritarias ni silencie los conflictos, sino que los aborde desde la participación, la corresponsabilidad y el respeto por los derechos humanos.
Y necesitamos una pedagogía que se atreva a cuestionar las estructuras culturales que naturalizan la violencia, especialmente aquellas que sostienen el machismo y la desigualdad de género. La democracia no se fortalece solamente mediante sus instituciones formales. También se construye cotidianamente en las relaciones humanas, en el ejercicio de la autoridad, en el reconocimiento de los derechos y en la posibilidad de que cada persona pueda expresarse sin temor.
Una escuela que educa para el encuentro es una escuela que enseña a rechazar la violencia, a cuestionar el poder cuando se vuelve dominación y a reconocer que ninguna vida puede ser sacrificada por intereses políticos, económicos o institucionales.
Que la memoria de quienes perdieron la vida mientras ejercían su tarea educativa se transforme en una exigencia colectiva de justicia. Y que nuestras escuelas sean espacios donde comience a construirse esa nueva humanidad que tanto necesitamos.
Porque educar es cuidar la vida. Y ninguna persona debería perderla por ejercer el derecho y la responsabilidad de enseñar.
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