Amenazas de “tiroteo” en las escuelas: una preocupación que interpela a toda la sociedad.

En los últimos días se han reiterado en distintas instituciones educativas situaciones vinculadas a amenazas de “tiroteo”, generando preocupación en estudiantes, familias y equipos docentes. La problemática no se circunscribe sólo a nivel local, es una cuestión que ha escalado a nivel nacional.

Lejos de tratarse de hechos aislados o meramente anecdóticos, estas expresiones deben ser comprendidas como emergentes de problemáticas sociales más profundas que atraviesan a las juventudes y se enmarcan en lo que podemos llamar “Violencia Social”. 

En este sentido, resulta imprescindible no minimizar estas manifestaciones de violencia. Los propios estudiantes expresan con claridad su preocupación: el temor a que un compañero o compañera pueda, en algún momento, pasar del dicho al hecho. 

 Esta percepción no sólo es legítima, sino que constituye un indicador institucional en las escuelas que exige una intervención inmediata, sistemática y corresponsable. 

Desde el marco de la Comunicación Conjunta N.º 1/23 de la DGCyE de la Provincia de Buenos Aires, estas situaciones deben ser abordadas como posibles escenarios de vulneración de derechos, lo que implica desplegar acciones que involucren a todos los actores institucionales, evitando respuestas fragmentadas o meramente reactivas. 

La intervención no puede quedar circunscripta a un hecho puntual, sino que debe inscribirse en una política integral de cuidado. Asimismo, el Régimen Académico para la Educación Secundaria (Res. 1650/24 de la DGCyE) establece con claridad la centralidad de la construcción de vínculos pedagógicos sostenidos y de condiciones institucionales que garanticen la permanencia con aprendizajes. 

En este marco, la convivencia no es un aspecto accesorio, sino una dimensión constitutiva de las trayectorias educativas.  Consideramos que estas situaciones no pueden analizarse por fuera de las condiciones estructurales en las que se desarrollan. 

En particular, resulta preocupante el bajo nivel de inversión en salud mental a nivel nacional, que actualmente ronda el 1,45% del presupuesto nacional, muy por debajo del 10% establecido como horizonte por la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.   Esta brecha impacta directamente en las posibilidades reales de prevención, acompañamiento y abordaje de situaciones complejas. 

Al mismo tiempo, estas expresiones de violencia dialogan con un clima social más amplio, en el que se debilitan los marcos institucionales y se naturalizan formas de agresión simbólica y discursiva. 

Más grave aún cuando desde los más altos niveles de poder gubernamental estatal se insulta, se minimiza palabras de agresión y violentas hacia cualquiera que exprese una opinión contraria.  De este modo se están deslegitimando las normas básicas construidas democráticamente y se desatienden incluso los canales institucionales. 

Así se generan condiciones que inciden en la construcción de subjetividades, especialmente en adolescentes.  

En este escenario, la problemática interpela al conjunto de la sociedad, pero especialmente a las decisiones de política pública.  La desidia y la desinversión en salud mental a nivel nacional impactan directamente en las posibilidades de prevenir situaciones de esta gravedad.  Cuando no se garantizan dispositivos adecuados de acompañamiento, contención y tratamiento, las instituciones educativas quedan expuestas a sostener en soledad problemáticas que requieren abordajes integrales.   No se trata sólo de intervenir ante el conflicto, sino de generar condiciones para que estos hechos no ocurran

Frente a este escenario, la escuela ocupa un lugar irremplazable. No como espacio aislado, sino como institución que, en articulación con otros organismos del Estado, debe generar condiciones para la palabra, la escucha y la construcción de vínculos no violentos. 

Esto implica fortalecer los Acuerdos Institucionales de Convivencia, promover espacios de participación estudiantil y sostener una mirada que reconozca a cada estudiante como sujeto de derecho.

Desde la función supervisiva, se vuelve indispensable orientar a los equipos de conducción a: 

 • Garantizar la intervención inmediata ante toda amenaza, con registro institucional y articulación con los organismos correspondientes.

 • Convocar a espacios colectivos de abordaje (REEB, equipos ampliados), evitando la individualización del problema. 

 • Fortalecer el rol del Equipo de Orientación Escolar en clave preventiva, no sólo asistencial. 

 • Generar instancias de escucha con estudiantes que permitan identificar padecimientos subjetivos, situaciones de violencia previa o conflictos latentes. 

 • Revisar y actualizar los Acuerdos Institucionales de Convivencia en clave participativa. 

Se vuelve indispensable avanzar en políticas integrales que no sólo intervengan ante el conflicto, sino que construyan condiciones para prevenirlo: mayor inversión en salud mental, fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios y una firme decisión de sostener la institucionalidad como marco de resolución de los conflictos.

Lic. Prof. Ernesto Gabriel Cela - Instagram y X: @ernestocela